La Patria en peligro

Me recordaba ayer mi amigo Javier Paniagua en plan de guasa, que él se mueve siempre por el espíritu 4, "de unión y socorro" de la Legión, A la voz de ¡A mí La Legión!, sea donde sea, acudirán todos y, con razón o sin ella, defenderán al legionario que pida auxilio. Lo que en Javier eran bromas, en Aznar son veras. Aznar siempra va de veras. Hasta gastando una broma es una broma seria, trascendental. Está movido por un espíritu de caballero legionario. Y un sentido del deber que se agudiza cuando ve a la Patria en necesidad o peligro. Estados que aprecia él libérrimamente.

Ya le han salido seguidores, los de Hazte Oír, la web del ciudadano activo que pide al prócer alce facción con un nuevo partido. La extrema derecha al moderno estilo Trump quiere imponerse, arrebatar la iniciativa a una derecha corrupta y acomodaticia que ha sacrificado los principios a las conveniencias hasta el punto de ofrecer diálogo a los separatistas y permitir el aborto libre. Si se le pide, Aznar vuelve. En el fondo, está pidiendo que se lo pidan. El héroe de las Azores, el comunicador del 11M, el ideólogo de la derecha sin complejos, quiere ser el salvador de España, el garante de su integridad; una España única, nacional-católica, neo-liberal y firme defensora de los valores atlánticos. Y él, el líder de la Nueva España.

Una extrema derecha de ese jaez absorbería seguramente formaciones como Vox, mientras el PP lo haría con C's, y dividiría el bloque general de la derecha. El panorama sería de cuatro fuerzas relativamente equilibradas: una extrema derecha integrista, una derecha posibilista, una izquierda reformista y otra radical. Eso en la medida en que todas ellas (especialmente las dos izquierdas) consigan clarificar sus posiciones ideológicas.

Y cuando lo hayan hecho, si lo hacen, aparecerá el fantasma del independentismo catalán, la llamada "cuestión catalana", para la cual ninguna de las cuatro fuerzas parlamentarias españolas tiene una solución satisfactoria, satisfactoria para ellas, naturalmente. La que más se aproxima, a juicio de Palinuro, es Podemos, que admite un referéndum, si necesariamente pactado con el Estado o no, no lo tengo claro. 

La imposibilidad de encontrar una solución pactada a esta situación (lo que llevará a los independentistas a los actos unilaterales) se echa de ver en la famosa sentencia de Aznar, "antes se romperá la unidad de Cataluña que la de España" de la que se deduce la absoluta incomprensión del problema por parte del nacionalismo español. ¿O no está claro que, si uno cree que Cataluña es España, al romperse Cataluña se rompe España?

No hay solución porque ninguna de las tres fuerzas reconoce a los catalanes la condición de nación. Esa se la reservan para quienes ellas consideran que forman la nación española. Una actitud que trae su fuerza de sus firmes convicciones y del art. 2 de la CE. Si se reconoce condición nacional a alguna minoría que no se conforma con ser tildada de "nacionalidad", se hace insistiendo en que es afectos culturales y folklóricos, pero no políticos o jurídicos. 

La cuestión es cuánto tiempo podrá sostenerse esta ficción, sobre todo si la minoría nacional se obstina en ejercer el derecho a decidir mediante un referéndum con consecuencias políticas y jurídicas.  

Mal camino

Según van las cosas en las relaciones entre el gobierno del Estado y la Generalitat es extraño que nadie haya sacado ya a relucir el famoso juego "del gallina", en el que pierde el primero que se aparta para evitar el choque entre dos vehículos en la misma dirección y sentido contrario. Es un ejercicio de acción/reacción en el que está ausente cualquier intento de entendimiento del Estado, por más que el gobierno lance llamadas al diálogo.

Ayer, dos secretarias judiciales del TSJC se personaron en el Parlament a notificar un apercibiemiento del órgano judicial a los miembros de la mesa que votaron en el sentido que lo hizo la previamente encausada Carme Forcadell, y hasta a uno que se abstuvo. 

Hay algo simbólico en esto. Un tribunal irrumpiendo en un parlamento a instancias de la abogacía del Estado a las órdenes del gobierno deja tambaleándose la doctrina de la división de poderes. Además de probar que la oferta de diálogo no significa que el gobierno vaya a cejar en su tendencia a tratar por lo judicial y penal un problema político. El argumento es que solo pude haber diálogo dentro de la legalidad y el dialogante gobierno es, al mismo tiempo, el responsable de que aquella se cumpla.

En esas condiciones de incremento de la presión represiva del Estado, es fácil vaticinar que en respuesta del juego del gallina, aumenten en influencia dentro del bloque independentista los partidarios de acortar los plazos e ir a la unilateralidad antes de lo previsto. El argumento es que más vale hacerlo ahora que esperar a unas condiciones más crispadas y precarias. 

No hay otra salida que el referéndum pactado. La imagen de un país de la EU en el que se encarcela a los representantes populares por dar cumplimiento al mandato de sus electores, simplemente, no es concebible.

La extrema derecha se separa de la derecha extrema

El desplante final de Aznar presagia tormenta. Primero desvinculó la FAES del PP y la convirtió en baluarte privado de la ideología neoliberal, confiado en las aportaciones voluntarias de sus clientes naturales, los del dinero. Luego se desvincula él mismo de los deberes patrios de partido. El paso siguiente es alzar bandera con un programa de restauración de los recios valores de la ultraderecha, sobre todo en cuanto a Cataluña, pero también en cuanto a otras blandenguerías de Rajoy y demás gentes de la derecha vergonzante. Una nueva reacción de la "derecha sin complejos" a la que seguramente se adherirá Aguirre. O sea, un programa de un partido nuevo, de extrema derecha. Se acabó aquello de decir que en España la extrema derecha estaba en el PP. Ahora está en contra del PP.

Los ex-presidentes de gobierno tienen destinos muy distintos. Dejando aparte los dos primeros, ya fallecidos, González se ha convertido en una especie de Kurtz, de Conrad; Aznar, en un guerrero integrista atlántico que anda, como siempre, batallando; Zapatero, aún indeciso, parece decantarse por conjuras del casino. 

Esa pulsión batalladora de Aznar en defensa de los valores occidentales impregna la trayectoria entera del personaje. Su presencia constante, sobre todo en momentos de crisis, con discursos intransigentes, recriminatorios y hasta amenazadores, le han fabricado una mala imagen y fama de agresividad. Eso pueden ser handicaps o ventajas, según se configure el proceso político en el próximo futuro. 

En España está articulándose un discurso autoritario en consonancia con el recrudecimiento de la extrema derecha estilo Trump o Le Pen. Pero en disonancia en un aspecto esencial, el de la xenofobia. Para la derecha española el peligro no viene de fuera sino de dentro. El enemigo no es exterior sino interior. Y lo que se exige es mano dura, represión de toda desobediencia, inhabilitacion, suspensión, estado de excepción si es necesario. 

Es obvio, sin embargo y da un poco repelús decirlo, que nadie en sus cabales cimenta el orden normal en la situación de excepción. Hoy, como en tiempos de Locke, el único gobierno legítimo es el gobierno por consentimiento. Si hay que imponer el consentimiento, la legitimidad se esfuma.

La división de la derecha reproduce en cierto modo la de la izquierda: dos extremas y dos más "moderadas" pero, en definitiva, muestra la incapacidad de los partidos para afrontar la situación real del país. Esta solo puede afrontarse ya en un encuentro multilateral con presencia de todos los intereses territoriales en igualdad de condiciones. Una situación que la derecha ni la izquierda españolas podrán jamás aceptar. Razón por la cual el conflicto no tiene solución, salvo que haya algún tipo de mediación internacional.

La agresión dialogante

Mi artículo de hoy en elMón.cat. La idea es que la alternancia en la acción del gobierno frente a la Generalitat del palo y la zanahoria no funciona porque hay palo, pero no zanahoria. La zanahoria del diálogo no es tal porque el gobierno excluye expresamente diálogo alguno sobre el referéndum que es, justo, el punto clave del diálogo para los independentistas. El diálogo es imposible. La zanahoria no existe. No hay más que el palo. La cuestión es hasta dónde llevará el palo el gobierno y hasta dónde la Generalitat la resistencia. 

A continuación, la versión castellana.

El diálogo agresivo

El gobierno de la derecha continúa considerando la llamada “cuestión catalana” como un asunto de orden público. La abogacía del Estado pretende procesar a la mesa del Parlamento catalán, concretamente a los miembros que secundaron la decisión de la presidenta Forcadell por la que esta ya ha comparecido ante el TSJC. Las decisiones políticas se entienden en clave penal y a las iniciativas de las instituciones catalanas se responde enviando a los guardias. Ánimo de entendimiento: cero.

A todo esto, el gobierno anuncia estreno de nuevo talante dialogante con Cataluña, sin que haya dato alguno que explique por qué quiere ahora lo que lleva cuatro años negándose a hacer: dialogar, negociar. Se trata de una medida táctica, propagandística, sin ningún crédito y, si lo tuviera, ya está ahí Aznar afirmando desde la FAES que todo diálogo con el independentismo es una traición al ser mismo de España. La derecha neofranquista sigue fiel al legado de su caudillo.

Los nacionalistas españoles de todos los matices hacen ver que las dos vías de actuación del Estado en Cataluña no son contradictorias, sino un ejemplo actualizado del palo y la zanahoria. El palo: el gobierno no está autorizado a dialogar ni negociar nada con quienes quieren partir España. Al contrario, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley, porque la ley es igual para todos, cosa de Estado y no de mero gobierno. La zanahoria: siempre que se cumpla la ley, el gobierno será benevolente y dialogará si bien debe quedar claro desde el principio que no lo hará sobre el referéndum. Es decir, la zanahoria no tiene raíz ni hojas; no existe. Si no se puede dialogar sobre el punto de discrepancia sobre el que se ha de dialogar, ¿en dónde está el diálogo?

El mantenimiento e intensificación de la acción represiva del gobierno con o sin gestos de búsqueda de un terreno común demuestran que el independentismo debe mantener los compromisos de su hoja de ruta si quiere vislumbrar su meta. A medida que la ruta avance se multiplicarán los obstáculos de todo tipo (políticos, jurídicos, mediáticos, de guerra sucia, de conflictividad institucional, amenaza y extorsión) que dificultarán el trayecto. Para superar las turbulencias, la experiencia muestra que es básico mantener la unidad del bloque independentista. En ese sentido, las relaciones entre la CUP y JxS son esenciales para el mantenimiento de la trayectoria. En principio, lo habitual será que se diga que, cualesquiera diferencias que pueda haber entre sus sectores, deben pasar a segundo plano en pro de la unidad de acción.

Pero en política nada es permanente, rígido, sempiterno. Obviamente la unidad es un bien en sí mismo, pero no a cualquier precio. Si la conservación de la unidad se hace a expensas de que las fuerzas que las componen tengan que abandonar sus objetivos e incurrir en crisis internas, quizá no sea muy inteligente perseverar en ella. Y esto vale para todos los sectores implicados. Poner los intereses generales por encima de los de partido, grupo o fracción es propósito general, pero no siempre puede conseguirse. A veces, los conflictos de valores no dejan lugar a entendimiento alguno.

Frente a la intensificación de la acción represiva del Estado y las dificultades que puedan plantearse en el seno del independentismo, el gobierno de la Generalitat tiene un recurso que, por supuesto, abrirá una serie de imponderables: las elecciones anticipadas. Todo depende de hasta dónde esté el Estado dispuesto a llevar su acción represiva y el elemento coactivo. Si, al final, no es posible celebrar el referéndum por causa de fuerza mayor, la opción de elecciones anticipadas parece la substitución lógica. Pero habrá que ver antes en qué términos quedan las cosas, después de esa intervención coactiva del Estado y qué notas tenga. Y, sobre todo, cómo quedará el panorama político catalán, el más variable de todo el Estado y en el que se anuncia la acción de un nuevo partido, un país en común, que puede variar el equilibrio de fuera.

Pero, al mismo tiempo, también cobra sentido otra posibilidad que, desde luego, incrementaría notablemente la incertidumbre pero mantendría la iniciativa en el campo independentista. De no poder realizar el referéndum, en lugar de convocar elecciones anticipadas que solo servirían para prolongar la situación actual, la Generalitat podría proponer al Parlamento la votación de una DUI, siempre y cuando las relaciones entre ambas partes del bloque independentista lo permitieran. La situación política se clarificaría, la “cuestión catalana” se internacionalizaría y el Estado vería muy reducidas sus posibilidades de actuación, viéndose obligado por fin a tomar una decisión para la que no tiene margen en el orden internacional y que, en el nacional, probablemente le obligara a su vez a convocar nuevas elecciones.

Toma diálogo

Hace una semana la ratita hacendosa fue a la parte de los infieles con la buena nueva de que el gobierno ha descubierto las ventajas del diálogo. Dos o tres días después la presidenta del Parlamento de Cataluña comparecía ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a declarar en un procedimiento que se le sigue por presunta desobediencia al Tribunal Constitucional. Algunas buenas conciencias dicen que no hay contradicción entre los dos hechos, la declaración en el procedimiento y la conversión del gobierno al diálogo porque esta es posterior al encausamiento. Aunque sea promovido por él mismo, el gobierno no puede interferir en un procedimiento. La Justicia, ya se sabe, es independiente. Pero, dentro del respeto la independencia de la Justicia nadie puede negar la firme voluntad de dialogar del gobierno siempre que no sea sobre el referéndum porque, si se habla del referéndum, enmudece.

No hace falta medir la veracidad o mendacidad del gobierno en materia de diálogo. En el día de ayer -o sea, más de una semana después de que Sáenz de Santamaría se hiciera cargo de la operación diálogo con un discurso que puso a Aznar a dar bufidos patrióticos- la abogacía del Estado ha recurrido de nuevo al Tribunal Constitucional para ampliar la causa por desobediencia de Forcadell a cuatro miembros más de la mesa de la presidencia del Parlament por el mismo presunto delito. Hasta aquí llega la voluntad de diálogo del gobierno del PP; hasta nada. Porque si el procesamiento de Forcadell se decidió con anterioridad a la conversión al diálogo del gobierno, la nueva iniciativa de la abogacía del Estado es posterior. El Estado ofrece dialogar a aquellos a los que aspira a procesar, inhabilitar y, si es posible, encarcelar. O sea, de dialogar, nada. Seguir imponiendo. De hecho la vicepresidenta fue a Barcelona a poner sus reales -o virreales- y a entrevistarse con los suyos, C's, y los semisuyos, PSC, ignorando a la feroz tribu independentista. Poco crédito inspira esa oferta de diálogo. Vamos, que puede ignorarse sin más porque es una mentira.

Desde el punto de vista jurídico, probablemente, la petición de apertura de procedimiento por desobdiencia a otros tres miembros de la mesa del Parlamento esté muy puesta en razón porque viene a enmendar un yerro anterior, cometido por el mismo tribunal. La mesa del Parlamento catalán es un órgano colegiado, por tanto colectivamente responsable de sus actos. En todo caso, podrían salvarse quienes hubieran votado en contra, lo cual dibuja los cuatro responsables de la decisión impugnada. Lo que no tendría sentido sería procesar a la presidenta por un presunto delito del que serían cuatro los responsables. Adentro los otros tres; adentro el Parlament entero si es preciso; adentro todos los independentistas. Hágase la justicia, procésese a los millones que hagan falta en Cataluña. Hay que dialogar..

Jurídicamente así puede ser, pero políticamente la decisión de echar a los abogados del Estado encima de la mesa del Parlament es profundamente estúpida. Cuanto más se persiga a los representantes populares y más víctimas de la persecución judicial haya, más fácil será articular la defensa en contra y más fuerte y visible la adhesión de la gente. Las interferencias judiciales/penales no conseguirán devolver a Cataluña a una condición de Comunidad Autónoma. En cambio mantendrán vivo un espíritu independentista con cada vez mayor causa por la que luchar mientras que el Estado no tiene nada que ofrecer como no sea el inmovilismo.

Sigan ustedes dialogando.

Vuelve la trampa saducea

Prefiero esta expresión antes que la manida referencia al lampedusismo de esta propuesta de reforma. Sí, la expresión que revitalizó Torcuato Fernández Miranda al inicio de la Transición. Porque esta iniciativa de poner en marcha una reforma de la Constitución vigente es como una máquina del tiempo. Nos lleva hacia atrás. Y a cometer los mismos errores que en la Transición.

En efecto, el primero de todos fue aceptar que unas Cortes elegidas como ordinarias, se autodesignaran constituyentes, sin un mandato popular expreso en ese sentido. La Constitución fue obra de un cuerpo legislativo no constituyente sino constituido y de acuerdo, parcialmente, con una legislación que él mismo derogaría. El poder constituyente de aquellas Cortes era el franquismo y así puede verse en la edición príncipe de la Constitución, que luce el escudo franquista. La situación es muy parecida. Unas cortes elegidas el pasado 26 de junio en unas elecciones generales ordinarias se autodeclaran constituyentes por cuanto encaran la reforma de una Constitución que, según ella misma admite y regula, puede ser total sin que ninguno de los partidos llevara este propósito en su programa. Es decir, como las Cortes de la transición, abordan una acción para la que están legitimadas, desde luego, pero para la que no tienen un mandato expreso del pueblo. Ese en el que, según se dice, reside la soberanía.

El debate puede iniciarse, máxime si, como según parece, ya han acordado sus límites los dos partidos dinásticos. No servirá para gran cosa, salvo para tener entretenidos a los medios y los auditorios con cuestiones bizantinas y soslayar los problemas reales e inmediatos, el primero de los cuales es la llamada cuestión catalana. Desde el momento en que el referéndum y la autodeterminación quedarán excluidos, los independentistas perderán interés en la quisicosa y proseguirán con su hoja de ruta, cuya realización hará saltar por los aires la reforma por irrelevante. También fuera, según parece, queda la conservación de la Monarquía frente a la reivindicación republicana. Otra exclusión que también afecta a Cataluña porque el independentismo es republicano. Y de tocar el estado de privilegio de la Iglesia católica, de Estado dentro del Estado, ni se mencionará.

La reforma de la Constitución es hoy necesidad sentida por todos los partidos, incluido el PP, cuya respuesta a la iniciativa reformista fue siempre negativa, a pesar de tratarse de un texto que un buen puñado de sus fundadores rechazó en la votación originaria. Se quiere una reforma cosmética, que no afecte a los cimientos de la Constitución, que se limite a tocar aspectos parciales como el Senado, el régimen autonómico, quizá el sistema electoral, el título relativo a derechos y algunas cosas más.

Sin embargo, la actual crisis institucional parece exigir una reforma de mayor calado porque lo que está en cuestión, precisamente, son los fundamentos de la Constitución. Sería mucho más práctico y honrado con los ciudadanos disolver estas Cortes y convocar elecciones constituyentes, a las cuales los partidos presentaran sus programas específicos de reforma constitucional. De modo que ningún partido ni propuesta se vea sometida a la trampa saducea de rechazar una reforma por la que sin embargo aboga.

Esa convocatoria cogería al PSOE en el marasmo. Pero podría recomponerse rápidamente si la izquierda fuera capaz de ponerse de acuerdo en un programa electoral que incluyera la plurinacionalidad del Estado y la forma de ponerla en práctica, empezando por la realización de un referéndum contra la cual no hay razones válidas. Si, además, vamos al referéndum sobre República/Monarquía y la situación de la Iglesia, miel sobre hojuelas.

La flecha ya está en el aire

Dos mujeres fueron ayer las protagonistas de la jornada pública, política; una en el Noreste, Carme Forcadell, y la otra en el Sur, Susana Díaz; una por un motivo, la otra por otro. Pero las dos se encuentran en el centro de sendos muy apasionados debates, con detractores y enemigos acérrimos y seguidores y partidarios incondicionales.

Carme Forcadell convirtió su comparecencia ante el TSJC en un acto político de afirmación de los derechos del Parlamento. Acompañada por la plana mayor del independentismo gobernante, solo respondió a las preguntas de su abogado e hizo afirmaciones de calado que pretenden romper el estrecho marco de unas diligencias judiciales para plantear un conflicto de legitimidades, soberanía parlamentaria, libertad de expresión, inmunidades de los representantes populares, etc. Quizá no esté muy bien ordenado conceptualmente pero sirve para articular un mensaje de carácter simbólico: la nación catalana agredida por el Estado a través de un Tribunal Constitucional cuya legitimidad  no reconocen las autoridades de la Generalitat.

Es una situación de crisis institucional con elementos de desobediencia que remite a un orden de ideas con muy buena prensa en la conciencia occidental: la lucha por la emancipación nacional. Le hacía falta una imagen, un símbolo icónico. Ya la tiene. Así como Mas llegó a tomar visos mosaicos cuando condujo a su pueblo al 9N, primera parada en el camino a la tierra prometida, Forcadell es una especie de Marianne actualizada y, como la francesa, una alegoría de la República, en este caso, la República Catalana.

Cualquiera sabe que llevar los conflictos al terreno de lo simbólico y sentimental y fomentar la creación de mártires, héroes, heroínas, en el bando contrario no es muy avisado. La potencia mediática de las imágenes de símbolos agredidos, representantes procesados, supera las más refinadas técnicas de comunicación política a la que pueda recurrir la otra parte. La historia de David y Goliat mantiene toda su fuerza; aunque quizá aquí fuera más de aplicación la de Judith y Holofernes, en sentido simbólico, por supuesto.

La bravura en el comportamiento de Forcadell, el apoyo social e institucional que tuvo, permiten augurar una etapa de creciente conflicto por vía de acción reacción que no se ve cómo podrá sortear el gobierno con su huera oferta de diálogo.

En todo caso, lo dicho, "la flecha ya está en el aire". No en el sentido del libro de Ismael Grasa (La flecha en el aire), que viene de Zenón, sino en el de Atahualpa Yupanqui: "La flecha ya está en el aire/para llenarse de sol".

Presentación teatre Romea (1ª) parte

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Aquí está por fin, el vídeo completo de la presentación de "La República Catalana" en el teatro Romea, Se divide en dos partes. La segunda, más abajo.

Una proeza técnica de mi amigo Bernat.

Presentación del teatre Romea (II parte)

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Lo dicho, segunda parte. Y bastante más larga.

Moltes gràcies, Bernat.

Abriendo camino al diálogo

Mañana comparece ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell,  a declarar por una supuesta desobediencia a una providencia del Tribunal Constitucional. Ayer, sin embargo, este mismo Tribunal comunicaba a la misma presidenta que se suspende cautelarmente otra medida de su Parlamento y la apercibía de las desagradables consecuencias, incluso penales, que tendría una nueva desobediencia. ¿Quién dijo que los tribunales son lentos? El Constitucional, como se ve, es raudo como una centella cuando le interesa y también parsimonioso como el olivo cuando le interesa al gobierno. 

Desde que este tomó posesión, viene anunciando una consistente voluntad negociadora. Parece, incluso que hasta se hubiera enterado de que la situación ha llegado a este punto por su obstinación en cerrar toda puerta de diálogo. Quiere evitarla.  Ahora la hay, asegura. Y, para mostrarla se aceleran los procesos judiciales contra todo tipo de independentistas.  Suele decirse que esos procedimientos judiciales no dependen del gobierno y siguen su curso con independencia de este. Es una fábula. Es el gobierno el que insta la acción de los tribunales, bien recurriendo al constitucional todo suspiro del Parlamento de Cataluña, bien instando la acción de la Fiscalía para que "afine" lo que al gobierno le interese.

Por eso no es creíble la oferta de diálogo del gobierno, porque afirma su voluntad de seguir con la acción represiva, a la que llama "cumplimiento de la legalidad" pero no es otra cosa que la legalidad de la "ley del embudo". Es más, el propio gobierno, por boca del presidente, ha enumerado todos los asuntos en las que está dispuesto a dialogar y que coinciden con todos los de su programa electoral y obviamnte, le importan tanto como ese mismo programa. Solo le ha quedado uno en el fondo de la caja, uno sobre el que no está dispuesto a negociar: el referéndum. 

Pues ya está. Se acabó: si no hay referéndum, no hay diálogo. Todos podían haberse ahorrado las consideraciones en público. Pero que no haya diálogo no quiere decir que las partes no sigan actuando. Continúan haciéndolo pero sin hablar. En estas condiciones de intenso diálogo, los independentistas dicen que el referéndum se hará diga el Tribunal Constitucional lo que diga. La verdad es que dada la inexistente autoridad de este órgano, convertido en correa de transmisión del gobierno, no es de extrañar el propósito del independentismo. Y entonces aparece la vicepresidenta del gobierno y virreina de Cataluña, Sáenz de Santamaría a decir, amenazadoramente, que el gobierno dispone de medios para que el referéndum no se realice.

¿Queda claro? No hay diálogo. 

Por eso resulta absurdo el enfado bíblico de los pensadores del Think Tank de la FAES, encabezada por el siempre malencarado Aznar. Acusan al gobierno de haberse entregado ideológicamente a los que quieren romper España. Lo acusan de aceptar un complejo de inferioridad por someterse al mundo conceptual del adversario. O quizá no sea tan absurdo. El "NO es NO" de la FAES  a negociar nada con separatistas o quienes le hacen el caldo gordo es la habitual intemperancia del personaje con su ridícula prosopopeya. Pero sigue siendo lo mismo: no hay diálogo. 

El camino está cegado. Como siempre.

"La República Catalana" en el Romea

El acto de presentación de La República Catalana en el teatro Romea de Barcelona estuvo muy bien, aunque no me corresponda decirlo por razones obvias. Lo he leído por ahí, directamente en elMón.cat, que trae información cumplida. Como Salvador Cot, el director, estuvo moderando, la dirección del medio se disparó. Trae incluso una serie de fotos magníficas del gran Jordi Borràs, que lleva camino de convertirse en el mejor fotoperiodista del Estado. Dentro de unos días tendremos un vídeo gracias a la competencia de mi amigo B*** y colgaremos aquí para que el personal pueda hacerse idea de lo mucho que allí se habló. Lo pasé muy bien y creo que los demás también y los intervinientes, Carles Canut, actor y director de la Fundación Romea, Joan Carles Girbés, director de la editorial y los tres que compartimos el escenario, en especial Cot y Puigdemont, como puede verse en la foto. Aunque esa sensación de contento, me parece, es la habitual en el presidente de la Generalitat, dotado de un notorio sentido del humor tras el que se revela una clara y firme voluntad política.

Por mi parte hice una breve exposición del origen del libro, de cómo empezó todo hace más de cuatro años, cuando una mano anónima subió un vídeo a Youtube hecho con mis intervenciones en La tuerka sobre la cuestión catalana y terminó en el libro de marras. Una peripecia que estoy pensando escribir con algo más de detalle porque me sirvió para aprender mucho sobre el terreno. Me pateé literalmente la Cataluña profunda, la del litoral y el interior y sus provincias hasta entender la realidad de un pueblo y una cultura que tienen vida propia, que se expresan en su lengua y que se han mantenido así durante los siglos, a pesar de los intentos sistemáticos de asimilación del poder político y cultural castellano-hablantes. Que tienen conciencia de ser una nación.

En un momento de esta experiencia de aprendizaje, Carles Canut me preguntó hace tres años si quería protagonizar junto a él un diálogo sobre el derecho a decidir en el teatro Romea. Le dije que sí, claro. Como a muchísima gente, me fascina el teatro, y no iba a perderme la ocasión de subirme a un escenario.  Hablamos del título. Él quería que se llamara El dret a decidir porque, por aquellas fechas, todavía se discutía algo tan obvio, particularmente en España, en donde oficialmente se reservaba al llamado pueblo español y se negaba a todos los demás. Para mí, entonces, como ahora, el derecho a decidir era un eufemismo de derecho de autodeterminación, que se quería evitar porque suena muy de batalla. Le propuse La nación como espejo y, al final juntamos los dos, el mío como título y el suyo como subtítulo. Así vivimos una jornada inolvidable. Tres años después, parece, la nación es un espejo; el espejo en el que la nación se mira; su imagen, que es su realidad, pues la nación no es otra cosa que la conciencia que de ella tienen quienes la viven en sus etapas a lo largo de su evolución histórica. Y aquella nación de hace tres años es la que reclama hoy su correspondiente derecho a dotarse de un Estado que proteja su supervivencia.

¿Pudo haber sido ese Estado el Estado español? Pudo, desde luego. Tiempo tuvo todo el que quiso y el catalán es un pueblo muy fier de lui même pero, al mismo tiempo, pacífico y con espíritu de colaboración. Pudo. Pero no lo hizo. Muchos piensan que porque no quiso. Otros, porque no supo. Fuere como fuere, no lo hizo y ahora el independentismo pide que ese Estado sea independiente. Recuérdese que era segunda pregunta de la consulta del 9N, la primera reacción contundente frente a la desafortunada sentencia del Tribunal Constitucional de 2010.

Se trataron muchas otras cosas, pero entiendo que lo más sensato es esperar a que tengamos los vídeos para subirlos y que cada cual se haga su idea. Porque, por supuesto, las intervenciones de Puigdemont son decisivas y merece la pena escucharlas y el ejercicio de profesión periodística de Salvador Cot, también.

El diálogo y los radicales

El gobierno está en actitud dialogante. Lo dice su portavoz, que algo sabrá de eso. A todos los efectos prácticos esa actitud dialogante se observa tan solo en que lo dice. Pero hace lo contrario. Los procesos judiciales de una buena cantidad de independentistas siguen adelante. La presidenta del Parlament está citada a declarar ante los jueces el próximo día 16. Puede que haya diálogo, pero será entre imputados, investigados o acusados y jueces. No debe de ser este el diálogo al que se refiere el ministro. Pero el que él dice, no se ve.

Considera el ministro que la convocatoria del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir (PNDD), un organismo creado hace unos años a instancias de Artur Mas con la idea de tejer un movimiento cívico-político, es un acto unilateral. Da gusto ser gobernados por gentes tan esclarecidas. Unilateral es todo lo que viene haciendo el movimiento independentista y la Generalitat luego desde hace años. El ministro no puede ignorarlo. El mayor acto unilateral hasta la fecha tuvo lugar el 9N de 2014, cuando él era ministro también, aunque de otra cosa. Unilateral es el proceso independentista y no parece que hasta la fecha el gobierno haya hecho algo para que deje de serlo, es decir para dialogar. Porque, con decirlo, obviamente, no basta.

Y es difícil dialogar con alguien que razona tan malamente. Esa acusación de que la convocatoria del PNDD se debe a la fuerza de la CUP, cuyos diez votos necesita Puigdemont para aprobar los presupuestos mueve a risa. El uso del término "radical" es muy significativo. Tiene gracia escuchárselo a un gobierno que ha dado pruebas de un radicalismo atroz durante cinco años, aunque en un sentido opuesto al que pueda suponerse anima a la CUP. Los radicales acusan de radicales a los demás en cuanto se descuidan un milímetro. De esa forma creen sentar plaza de "moderados", algo que la legislación, la crónica de tribunales y la práctica diaria contradicen. La "Ley Mordaza", por ejemplo, es una ley radical de derechas. Por eso, como todo el mundo sabe, en España no hay un partido de extrema derecha. Está en el PP. Y legisla.

La observación del ministro lleva incorporado el veneno de insinuar que el gobierno de JxS es rehén de la minoría de la CUP, a la que obedece, no por convicción propia sino por conveniencia. Esto equivale a decir que si JxS no necesitara los votos de la CUP, desistiría de su hoja de ruta, se olvidaría del referéndum y, lógicamente, no tendría que convocar el PNDD.

Y eso no sé de dónde se lo ha sacado el ministro.

El mismo gobierno que presupuesta una partida para el referéndum es el que se apresta a organizarlo con tiempo suficiente para que le salga bien.

Cataluña ya tiene su virreina

¿De qué se quejarán estos catalanes? Lo suyo es el puro victimismo. Todo el día lloriqueando por los rincones que los oprimen, los explotan, les roban. Y, sin embargo, poco a poco, van consiguiendo el restablecimiento de sus antiguas y queridas instituciones. Rajoy, cuya buena voluntad hacía Cataluña es proverbial, ha decidido restaurar la institución del virreinato, que estuvo vigente hasta la Guerra de Sucesión, cuando Felipe V arrebató sus leyes y libertades a los catalanes y, además, su querido virrey, sustituyéndolo después por un humillante Capitán General. Ahora, la marcha hacia la plena recuperación de la personalidad catalana ya no la para nadie.

Sáenz de Santamaría, que piensa pasar más tiempo en el AVE que en su casa, será la cabeza de puente de la Gran Nación en Cataluña, encargada de reconstituir esa fraternal unidad que tanta gloria nos ha traído siempre, como puede ver cualquiera que no tenga negros prejuicios antiespañoles. Obsérvese: apenas puesto pie en tierra, la ratita hacendosa se ha entrevistado con la representante de C's, Arrimadas y el PSC, Iceta, además de yantar con unos empresarios, como gesto significativo de qué intereses defenderá la señora en el Principado. 

Los eternos resabiados critican que la virreina haya dado audiencia antes a la oposición que al gobierno. Ganas de malmeter. Si fuera ese su propósito, habría empezado por entrevistarse con el dirigente de su partido en Cataluña. Lo más probable es que los dos recibidos, Arrimadas e Iceta, hayan sido los más madrugadores para ir a rendir pleitesía a la virreina, representante del poder español.

La Constitución

Hoy se celebra el aniversario de la Constitución de 1978 que hace la número ocho del país, según el autorizado criterio del Congreso de los Diputados. Faltan en la enumeración, la non nata liberal de 1856 y la republicana de 1873. La explicación es que el Congreso solo reseña las constituciones que han estado en vigor y aquellas dos, la una por el golpe de Estado del general O'Donnell y la otra por el general Manuel Pavía y su famoso caballo, no llegaron a estarlo. No pasaron de proyectos. No obstante, algunas historias del constitucionalismo las consideran. Pero dejar en ocho las constituciones que han estado en vigor en España plantea otro problema: en vigor también estuvieron la Constitución de 1808 o Estatuto de Bayona y las Leyes Fundamentales de Franco, ninguna de las cuales aparece en la relación del Congreso.

La "ideología" constitucional española ignora la Constitución de 1808, sin duda por considerarla un texto extranjero impuesto por la fuerza del ocupante, y las Leyes Fundamentales de Franco por no ser democráticas. Ambos argumentos, sin embargo, son más que dudosos. El Estatuto de Bayona fue una carta otorgada por quien tenía autoridad para hacerlo, José I, nombrado Rey de las Españas y las Américas por su hermano Napoleon, en cuyas manos habían puesto la corona los dos reyezuelos felones, Carlos IV y su hijo Fernando VII voluntariamente. Que la conciencia generalizada ignore el texto de Bayona, no quiere decir que no estuviera en vigor. Lo estuvo desde 1808 a 1813, fecha de la abdicación de José I, tanto en España como en América. Las Leyes Fundamentales franquistas lo estuvieron entre 1937 y 1978 y generaron unos efectos que llegan al día de hoy, razón por la cual se sigue discutiendo sobre la memoria histórica.

Total, según el punto de vista que se adopte España ha tenido ocho, diez o doce Constituciones, siendo la de 1978 la octava, décima o duodécima, según nos dé.

No es la única paradoja del constitucionalismo español. Hay otras también curiosas. Y lo mismo pasa con la vigente, que llega a su 38º aniversario en mitad de un clamor casi general pidiendo su reforma, cuando no su derogación sin más. Prácticamente todos los partidos piden revisar su texto. Hasta el PP, adalid férreo de la intangibilidad constitucional, se muestra abierto a sugerencias reformistas siempre que no vayan muy allá. Lo curioso es que el PP es el heredero de Alianza Popular, el partido de la derecha franquista de entonces bajo la dirección de Fraga Iribarne cuyos diputados se dividieron en tres grupos a la hora de la votación parlamentaria de la Constitución: unos votaron sí, otros votaron no y otros se abstuvieron. Los sucesores de estos "noes" son los partidarios de la intangibilidad de la Constitución. No deja de ser gracioso y significativo.

El alcance de las reformas que los demás piden es muy variado y oscila entre asuntos de mayor y de menor calado. Pero, a su vez, el procedimiento de reforma constitucional previsto en la misma Constitución es tan complicado y difícil, impone tales requisitos y diferentes mayorías (según sea la entidad de lo que se quiera reformar) que en el fondo, dada la orientación política del electorado español y la composición de las cámaras, toda reforma suena a quimera.

La reforma que debiera considerarse más urgente es la de la organización territorial del Estado, porque es donde se concentra la iniciativa política independentista catalana. Pero esta es probablemente la revisión que menos posibilidades tiene de salir en el Parlamento español. A no ser que se negocie un referéndum de común acuerdo, cosa harto improbable, el independentismo no tiene más remedio que actuar a través de la unilateralidad. Y ello porque, lejos de reconocer su actitud intransigente, el Estado se limita a responder a las peticiones catalanas que hay que cumplir la ley. La ley que él mismo no cumple.

Siguiendo inveteradas prácticas, el PP está tratando de resolver el problema a su manera, esto es, pactando al margen de la Constitución con el PNV, cuyo apoyo necesita para los presupuestos. A cambio de conseguir nuevos favores y dádivas del gobierno de central, los nacionalistas vascos acabarán apuntalando el gobierno de Rajoy.

Eso deja el independentismo catalán como estaba porque ya el domingo Urkullu venía negando posibilidad de materializarse a la independencia. No es nuevo y confirma un entendimiento tácito del juego de la transición constitucionalmente consagrado. El País Vasco y Navarra tienen su soberanía fiscal reconocida en la Constitución. Cataluña, no. A estos efectos prácticos, Cataluña se halla fuera de la Constitución y así lo vienen entendiendo las instituciones catalanas que consideran a Cataluña fuera de la jurisdicción del Tribunal Constitucional. Nada de extraño, por tanto, que en Cataluña muchos, por no decir casi todos, piensen que el seis de diciembre no hay nada que celebrar.

Visión de la independencia de Cataluña

Albert Carreras (2015) Volem l'independència? Reflexions per al futur immediat. Barcelona: Base, 142 págs.

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La polémica sobre la independencia de Cataluña es la cuestión política de mayor envergadura que se debate hoy -y desde hace bastantes años- en el Estado español. No querer verlo es uno de los más claros síntomas de la incompetencia de la clase política estatal.  En efecto, es tema que se elude, no se menciona, se evade. El contencioso apenas cuenta con bibliografía en España, pero sí la tiene y abundantísima en Cataluña. Los políticos españoles no quieren encarar el problema. Sus intelectuales, que se piensan clase "universal", prefieren enmudecer antes que decidir entre su "universalismo" y su "nacionalismo".  La ciudadanía, abundantemente desinformada por unos medios sesgados a extremos inverosímiles, tiene un grado de desconocimiento asombroso. 

En Cataluña, en cambio, es al revés. La independencia es el "tema de su tiempo", la que orienta la actividad de sus instituciones, alimenta el debate público y es motivo de atención preferente en sus medios de comunicación Y muchos de sus intelectuales, directamente implicados, producen abundancia de libros desde todas las perspectivas y analizando todas las circunstancias, explicaciones, cálculos, previsiones y consecuencias.  Albert Carreras, catedrático de Historia de las Instituciones Económicas de la Universidad Pompeu Fabra y convencido independentista, aporta el suyo.  Es un libro breve, sucinto, que va al grano y expone en términos claros las razones del independentismo y los medios políticos de que ha de valerse para conseguir su objetivo. Es casi un libro programático.

Carreras sintetiza en tres bloques las razones de la independencia: 1) la identidad nacional; 2) los  agravios económicos; 3) la hostilidad del Estado español. La identidad nacional (la lengua, los usos, las costumbres, la cultura, etc) solo puede salvagardarse disponiendo de un Estado propio. Como historiador echa mano del conflicto de 1640 y concluye que a Portugal le salió bien lo que a Cataluña no y de ahí se siguen los acontecimientos posteriores hasta el día de hoy.

En cuanto al desequilibrio económico territorial, Carreras entra en un terreno que normalmente no se menciona por razones políticas tácticas. En efecto, además de señalar la desigualdad de trato en materia de déficit fiscal contemporáneo, como hace la mayoría de los análisis de este tipo, plantea a las claras la situación de privilegio del Concierto vasco y el Convenio navarro (p. 34), asunto en el que incide varias veces para llevar al lector a la convicción de que, en el fondo, la cuestión es de mala articulación del Estado español en su conjunto puesto que si el Concierto y el Convenio se extendieran a todas las Comunidades, el país sería inviable. El coste de hacerlo viable, viene a decir Carreras, es someter a Cataluña a un régimen de práctico expolio no reconociéndole derecho a concierto alguno.

Así, mientras el PV y Navarra son fiscalmente independientes, la financión de la Generalitat es siempre insuficiente (p. 51) porque los cálculos (las famosas cuentas territorializadas) son siempre perjudiciales para Cataluña y muy favorables para Madrid que se beneficia del efecto capitalidad. Y sobre todo por la permanente hostilidad del Estado hacia Cataluña, cosa que se observa en las prioridades de gasto, inversiones, obra pública, etc. Ejemplos recientes apabullantes, las decisiones de AENA respecto a los aeropuertos del Prat y de Barajas y el AVE (p. 64). 

La ruptura del "consenso de la transición" con la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, que niega la condición nacional a Cataluña y ya había comenzado con el hostigamiento desde el PP a partir de 2010 (p. 71), es el acicate que impulsa la nueva reivindicación independentista hasta acercarse al 50% del electorado. Parece un buen momento para conseguir el Estado propio. Y, justo ahora (el libro está escrito en 2015) las fuerzas independentistas se dividen. En la disyuntiva de primar el eje nacional frente al social, los independentistas, lamenta Carreras, prefieren el segundo al primero. Y sin unidad de esas fuerzas independentistas, tanto en las instituciones y partidos como en la sociedad civil, no habrá independencia ni, por tanto, Estado propio, ni cuestión social que atender.

A ese objetivo se dedica la segunda parte de su libro titulada "Estrategias de la independencia" y que, en realidad, se reduce a una sola recomendación: mantener la unidad, formar una sola candidatura en todos los procesos electorales: elecciones locales, autonómicas, generales o europeas. Hay que estar en las instituciones españolas pero hablando con una sola voz, la de la petición de un referéndum.

Después de una especie de digresión sobre la robusta historia del nacionalismo catalán, con expresa remisión a la obra clásica de Pierre Vilar Cataluña en la España moderna y una mención a las enseñanzas de la experiencia escocesa, el autor considera todos los procesos electorales mencionados uno a uno para argumentar que la unidad es indispensable en todos ellos. ¿Qué harán los catalanes en Madrid? Luchar por el referéndum. La voluntad independentista ha de mostrarse en todas las elecciones. Ganándolas todas. Hasta conseguir ese objetivo del referéndum (p. 132). El independentismo se presenta pacífico y democrático. Y viable.

En algún momento considera Carreras la posibilidad de que, por las razones que sean, el Estado se avenga a negociar y, al final, en efecto, se negocie algo, tipo Concierto, por ejemplo. Es una hipótesis que se maneja mucho, aunque con escasa base porque el Estado no ha mostrado hasta la fecha voluntad negociadora alguna. En todo caso, Carreras que, como economista, es hombre práctico, recomienda aceptar lo que se negocie. Como hombre realista, al mismo tiempo, también recomienda insistir en la reclamación del referéndum porque recuerda que los pactos con el Estado español deben blindarse ya que depender de su voluntad es, en realidad, estar vendido.

El Desconcierto

Las relaciones entre el nacionalismo vasco y el catalán han sido siempre complicadas. Y, como se ve, seguirán siéndolo. Su sistema de alianzas es muy variable, según de qué asuntos se trate. Pero en el fondo de la cuestión se encuentra siempre la de la independencia. A pesar de los "años de plomo", el País Vasco no tiene una vocación tan independentista como Cataluña. En realidad es legítimo pensar que precisamente esos "años de plomo" fueron rémoras en las alas independentistas.

Ahora Urkullu sostiene que la independencia es imposible. En un mundo globalizado. Dicho así, en términos filosóficos, solo cabe asentir. En la globalización somos todos interdependientes y nadie puede ser independiente. Sí, es una verdad general; tan general que no significa nada. El significado está en el contexto: Urkullu avisa a los independentistas catalanes de que la independencia es una quimera y se ofrece como mediador entre las dos partes, el Estado -de quien espera una reconsideración drástica de su negatisvismo- y Cataluña -de la que espera acepte una solución no independentista.

La cuestión aquí es la de la propia autoridad de Urkullu para postularse como mediador. En realidad, a todos los efectos prácticos, el País Vasco y Navarra son independientes pues se autofinancian mediante el concierto y el convenio económicos respectivos. Regímenes de privilegio que todo el mundo evita mencionar como tal. Pero lo son y la prueba es que, si el concierto/convenio se generalizara a todas las CCAA, el país no podría financiarse.

Así que bienvenida sea la invitación al diálogo de Urkullu y ojalá convenza al gobierno de Rajoy de adoptar una actitud dialogante, pero no es realista que pida a los independentistas que renuncien a su objetivo en función de un criterio filosófico. Sobre todo porque él está instalado en una cómoda independencia de facto a la que otros han aspirado sin que se les haya permitido.

La inútil represión

Mi artículo de hoy en elMón.cat, titulado "L'ésser i el voler ser", en el que sostengo que el diálogo aparentemente ofrecido por el gobierno central a la Generalitat es falso pues ni siquiera tiene el gesto de paralizar los procedimientos penales que él mismo pone en marcha. El artículo glosa el caso del juez Vidal, a quien el Supremo confirmó ayer su pena de tres años de suspensión de empleo y sueldo. En él se sostiene que afrontar la cuestión catalana como un problema de orden público con medios exclusivamente represivos no servirá para nada al nacionalismo español y, al contrario, avivará el independentismo catalán.

No había terminado de escribir el artículo y ya se conocían los siguientes pasos en este peculiar diálogo en dos dimensiones absolutamente distintas, como en diferentes galaxias. El juez Vidal, trocado en senador Vidal, intervino en la sesión de ayer en presencia del gobierno y pronunció un alegato impecablemente razonado, con lógica judicial, de la absoluta falta de legitimidad del gobierno y el Estado españoles en materia de independencia de la justicia. Un alegato demoledor, avalado por el hecho de que quien lo pronunciaba es víctima directa de lo que denuncia. Merece la pena ver el vídeo del juez Vidal y las caras y los gestos de Rajoy y Sáenz de Santamaría.

Pero no se quedó ahí la cosa. Ayer, el Congreso votó en votación secreta conceder el suplicatorio para que el Tribunal Supremo proceda contra el diputado Homs por presunta desobediencia, creo. Si no he leído mal vino Puigdemont a Madrid a apoyar a Homs. Eso es mucho. El gobierno y toda la clase política debieran pensar a dónde conducen el país por la senda del sostenella y no enmendalla. Porque ahora viene otra andanada mediática: Forcadell citada a declarar en el procedimiento que también se le sigue y del que puede resultar una inhabilitación. La única respuesta que tiene el Estado a la demanda de un referéndum sostenida por más del 70% de los catalanes es procesar a sus representantes, democráticamente elegidos por cumplir el mandato de sus electores. Y eso no tiene salida. Solo la unilateral. 

A continuación, la versión castellana del artículo.

El ser y el querer ser

El Tribunal Supremo mantiene la sanción al juez Vidal de tres años de suspensión de la carrera judicial por haber contribuido a la redacción de un proyecto de Constitución para la República Catalana. No se han considerado sus razones de que la sanción no tiene fundamento jurídico sino ideológico y de que, en todo caso, la posible falta ya había prescrito cuando se le sancionó. Por supuesto, lo esencial es la primera razón, si motivaciones jurídicas o ideológico/políticas.

Para decidir habría que saber qué carácter reviste ese proyecto de Constitución, si es un panfleto, un comunicado, un llamamiento a la movilización. Teniendo en cuenta que es una Constitución de la República Catalana, es decir, un futurible, hasta podría tratarse de una utopía. Las utopías no han gustado nunca al poder. A modo de aviso, el fundador del género, Tomás Moro, murió decapitado.

Hasta aquí no se llegará en la presente ocasión, pero es conveniente saber hasta dónde se llegará. Por supuesto que en la sanción al juez Vidal hay una gran carga ideológica. Pero es una ideología básica del Estado español, que lo ve como única nación y a la mayoría de los jueces no le parece ideología sino el fundamento mismo de legitimidad de su actuación. Lo mismo le sucede, aparentemente, al juez Vidal, tan movido por su idea de la legitimidad de la nación catalana como sus colegas sancionadores por la española.

Es un conflicto de legitimidad que se está dirimiendo en un terreno de legalidad, mucho más estrecho. En este, cada una de las partes no puede sino hacer lo que hace. El juez Vidal propugnar la independencia de Cataluña; los tribunales españoles sancionarlo por ello. Los dos saben que es un proceso de acción-reacción que se autoalimenta hasta conducir a situaciones (más) indeseables. Pero no pueden evitarlo, como en las tragedias griegas.

Actualmente el juez Vidal es senador. Desde el Senado, en representación de ERC, seguirá argumentando en pro de la independencia de la República Catalana. Es más, al encontrarse “suspenso” de la carrera judicial, podrá intervenir también en la vida pública catalana, incluso reanudar sus tareas redactoras del proyecto. Habrá quien sostenga que, estando “suspenso”, sigue en la carrera judicial y, por lo tanto, podría solicitarse ya su expulsión completa. Pero eso sería una arbitrariedad ya que el senador podría argumentar que está redactando un proyecto de Constitución de la República Catalana para presentarlo a la consideración de las Cortes españolas, por si tuvieran a bien aprobarlo. Entra dentro de lo filosóficamente imaginable que el Estado que es, deje lugar para el Estado que quiere ser.

Es obvio que la política meramente represiva no va a bastar para aquietar el impulso independentista. Al contrario, va a avivarlo. La experiencia, el sentido común, el realismo, así lo muestran. El independentismo se ha ganado el ser tratado como una cuestión político-constitucional que está pidiendo negociación bilateral urgente. El considerarlo, cual ha hecho hasta ahora el gobierno central, como un mero problema de orden público, solo da como resultado aumentar la movilización independentista fabricándole un panteón de héroes y mártires, Vidal, Mas, Forcadell, etc, tienen una enorme proyección simbólica, son referentes que focalizan una voluntad colectiva.

Parece atisbarse un nuevo talante en el gobierno del PP, un mayor empeño por entenderse con Cataluña y la Generalitat lo ha acogido con gran celeridad por iniciativa del vicepresidente. Justamente ahí parece haberse introducido un equívoco, si es un equívoco y no una manipulación infantil cuando se insinúa que los independentistas cambiarían la hoja de ruta y el referéndum por unas conversaciones del nivel que fuera con el Estado.

La negociación posible que el gobierno apunta y la Generalitat acepta tendrá que empezar con la cuestión del referéndum ¿Con qué, si no? La feroz oposición de principio del PP del “carácter innegociable de la soberanía nacional” se elimina a base de negociar un referéndum catalán y someterlo a la aprobación de las Cortes españolas, que son las depositarias de dicha soberanía. Si el gobierno se presentara ante el Parlamento con un proyecto de referéndum negociado, con una pregunta binaria clara, “sí” o “no”, las mayorías necesarias también negociadas y negociado asimismo el plazo de carencia hasta el siguiente referéndum, ¿por qué no iba a aceptarse si es la única forma democrática y civilizada de encauzar este conflicto?

El arte de titular

Pues, ¡qué!, ¿los independentistas recogen velas? Eso de que están dispuestos a "trascender" el referéndum tiene un eco eclesial, acorde con la pinta de sacerdote laico de Junqueras. Además, al fin y al cabo, todo conspira a bajarles los humos. El juez Vidal se ha quedado "suspenso" de la carrera judicial por tres años por independentista y el ex-presidente Mas reconoce que el independentismo no es mayoritario en la sociedad catalana. ¿Qué más se quiere? Cunde el desánimo. El independentismo se estanca o retrocede.

Todo eso es posible, pero el titular de El País es, simplemente, falso. Junqueras no acepta una negociación "que transcienda el referéndum" sino, como dice luego el texto del artículo, invita a un diálogo que trascienda las conocidas y, tal vez, evitables discrepancias sobre el referéndum previsto para septiembre de 2017, es decir, justo para lo contrario que dice el titular. Lo que quieren es "trascender" las dificultades que hay en el camino al referéndum de septiembre de 2017. Dan el referéndum por hecho, no trascendido. Caramba con la prensa y, encima, entrecomilla.. 

El desgobierno de la derecha

Aquí, el artículo de Palinuro que publicó ayer el periodico Berria, titulado "El sistema es antisistema"y en el que se da un repaso a la situación en que queda la política española, especialmente la parlamentaria, tras la traumática decisión del PSOE de abstenerse para facilitar un gobierno del PP. Con esa decisión, los socialistas han dado un paso quizá irreversible hacia su desaparición como partido de relevancia en el sistema político español y, con ello, también la continuidad de ese sistema, basado en un bipartidismo turnista ue parecía estable.

Con la abstención, el PSOE se ha constituido en rehén del PP. Prometió compensar afirmando que haría una oposición muy dura, pero stá claro que eso no podrá ser ya que el PP cuenta con el arma para impedirlo: la convocatoria de elecciones anticipadas. Cosa que no interesa a nadie, salvo al propio PP, razón por la cual es razonable pensar que, en elgún momento habrá elecciones anticipadas.

En el fondo, el conjunto del sistema hace aguas. Los dos partidos de la izquierda, enzarzados en una lucha cainita, son inbcapaces de coordinar su acción. La derecha tiene farantizado el gobierno para muchos años. Y eso que no hace nada por mantener el sistema, aunque sea con la apariencia de un Estado democrático de derecho. Falso. El PP no es un partido democrático no sabe qué hacer con un Estado de derecho que no sean trampas.

A continuación, la traducción del artículo al castellano:

El sistema es antisistema.

Parece como si la noticia del desbloqueo político gracias a la claudicación del PSOE hubiera sido una catástrofe en lugar de la ventura que todos los partidarios del sistema se prometían. “España necesita un gobierno” fue la consigna que movilizó la solución final. “No podemos ir a terceras elecciones”, remachaban. Es urgente. Hay que tener altura de miras, etc.

Por eso acabaron aceptando el gobierno de Rajoy como “mal menor” y “aunque no se lo mereciera”. No son precisamente parabienes. Era hacer de necesidad virtud y tragarse sapos sistémicos. Está de acuerdo hasta el mismo gobierno, principal beneficiado de la debilidad de la oposición para imponerle condición alguna. De los pactos con C’s Rajoy se acuerda para incumplirlos. No se ha molestado en cambiar nada salvo media docena de rostros que apenas hay modo de distinguir de los anteriores. Continuidad, orden y progreso a cargo de un gobierno minoritario, desprestigiado, acosado por la corrupción de su partido y con varios de sus componentes acusados de haber cobrado sobresueldos. Casi parece el reinado del Padre Ubu, pensado para de dinamitar el sistema.

Por sostenerlo lealmente y cuidar de la estabilidad, el orden, la gobernanza, o eso dice, el PSOE se ha suicidado, primero como oposición y ya veremos si también como partido. En la oposición será irrelevante porque funciona como un rehén del gobierno, que amenaza con disolver las Cortes si estas no se pliegan y con convocar elecciones anticipadas. En realidad, las terceras elecciones que los socialistas querían evitar y ante cuyo espantajo dieron el reciente golpe de mano intrapartista.

No siendo posible una “gran coalición”, como pedía el PP, al final, con la abstención del PSOE, han firmado una especie de pacto de gobernabilidad que la lleva implícita. El PSOE promete realizar una dura oposición en lo económico y social (aunque ya está perdiendo la esperanza de derogar la legislación anterior más agresiva) y formar frente nacional con el PP y C’s en la cuestión catalana. Pero ni eso va a ser funcional al sistema porque la amenaza de elecciones anticipadas tiene mucha fuerza y los empresarios ya han lanzado su heraldos a avisar de que, si el gobierno no puede gobernar (en su beneficio, claro), habrá que convocar elecciones anticipadas. El gobierno y los empresarios suelen decir lo mismo y se refuerzan mutuamente. Por eso es creíble la amenaza del PP que lo es no solo para el PSOE sino para los demás partidos de la Cámara, también con regulares perspectivas electorales.

El desbloqueo del sistema ha consistido en un gobierno de la derecha, en minoría parlamentaria, autoritario, neofranquista, con unos historiales de los ministros que producen pavor en cuanto a su competencia; un gobierno empeñado en tratar el problema más grave que afecta al Estado, esto es, el proceso independentista catalán, como una cuestión de orden público y una política de represión, sin negociación ni diálogo. A cualquiera, obviamente excepto al gobierno, se le alcanza que el solo recurso a la represión no resolverá sino que agravará el problema.

Cuando se trató de enfrentarse a la violencia de ETA, la situación era muy distinta porque precisamente la violencia deslegitimaba la causa que pretendía defender y, en cambio legitimaba la represión y la negativa al diálogo. Se decía entonces que cuando callaran las armas, se podría hablar de todo. Sin embargo, la actitud del Estado frente al proceso independentista catalán demuestra que aquella promesa era falsa. Las fuerzas nacionalistas españolas, básicamente el PP, el PSOE y C’s se niegan en redondo a considerar que Cataluña sea una nación y, por lo tanto, a negociar nada sobre la base de esa inaceptable pretensión. Propuestas de reforma, de revisión, proyectos, cero. El sistema carece de capacidad de autodiagnosticar la disfuncionalidad que lo afecta. Ni siquiera la comprende. Piensa que metiendo en la cárcel a unos puñados de independentistas, va a erradicar la voluntad de ser independiente cuando lo que puede hacer es destruirse a sí mismo.

Dado el carácter abierto, transversal, pacífico, democrático de la reivindicación independentista catalana y la masiva exigencia de un referéndum sobre la cuestión, la política represiva carece de toda legitimidad. Aunque sea muy legal. La legitimidad tiende a caer más del lado de un pueblo que reclama de modo masivo y pacífico su deseo de ejercer un derecho que otros pueblos en todo similares a él, como el escocés o el quebequés, han ejercido.

El giro dado por Pedro Sánchez como base de su candidatura a la SG del PSOE podría ser el inicio de un cambio de actitud del nacionalismo español en busca de una solución con el catalán. Pero es muy tenue. Aun suponiendo que Sánchez formule el programa con claridad, no está claro que vaya a convencer a su partido para que lo siga por esa vía si, como es presumible, su candidatura ha de competir con alguna otra que esgrima el patriotismo español.

La desobediencia catalana

El artículo de Palinuro en elMón.cat de hoy. 

El gobierno ya no está "en funciones". Ahora funciona, aunque, ante el panorama, seguramente añorará aquella interinidad que le permitía no hacer nada. Lo primero que afronta es la cuestión catalana. Sáenz de Santamaría está a la cabeza de una task force que debe resolverla. A su modo, claro, reprimiendo. La derecha no admite el carácter político del conflicto y lo reduce a una cuestión de orden público. Por eso refuerza la dirección del aparato represivo del Estado. Teniendo luego en cuenta la tradición española de acabar encomendando el orden público a las fuerzas armadas no extrañará que gente tan tradicionalista haya puesto al frente de estas a a la aguerrida dueña de La Mancha, tan capaz de mandar divisiones como de cerrar ambulatorios. 

La versión castellana, a continuación:

Velocidad de crucero

La confrontación España-Cataluña va cogiendo momento. La manifestación del pasado día 12 no fue solo un acto de apoyo a las personas, cargos públicos e instituciones procesados, sino también uno de reafirmación de una voluntad colectiva de llevar adelante el proceso independentista. Una voluntad de no acatamiento, ayer, hoy y mañana.

La actitud del gobierno central no varía un ápice. Lo suyo es el recurso al palo y la zanahoria. Aunque, como siempre con la derecha, el palo es bien visible, pero la zanahoria no acaba de materializarse. El palo es una batería preparada para responder por vía represiva, judicial y penitenciaria si llega el caso a las iniciativas independentistas. Porque el gobierno sostiene, contra toda evidencia, que la cuestión catalana es una cuestión de orden público. Y para eso están los policías, los jueces y las cárceles. La justificación es que la ley ha de cumplirse y es obligación del gobierno hacerla cumplir. Si la ley es injusta o tiránica No hace al caso. No más preguntas y menos sobre la ley. Circulen.

La zanahoria es un ente de ficción. Hasta ahora se ha limitado a una solicitud expresa de Rajoy a Puigdemont para que asista a la Conferencia de presidentes autonómicos, constándole ya la negativa del catalán. El argumento es: “no se pierde nada asistiendo”, típico de la indolencia mental del personaje y que retrata la importancia real del conciliábulo. No es seguro que Rajoy entienda la respuesta de Puigdemont cumpliendo su palabra de no asistir porque eso de cumplir la palabra dada carece de sentido para él.

La inasistencia no es exactamente un desacato, pero sí va a herir el orgullo del nacionalismo español que no puede imponer su idea de España por ordeno y mando. No es un desacato, pero sí sitúa al presidente al frente de la mencionada voluntad colectiva.

Con la toma de posesión de Rajoy y el apoyo entre bambalinas del PSOE dio comienzo la cuenta atrás para una escalada de la confrontación con Cataluña. La última, ficticia, zanahoria fue la de la Conferencia en cuestión, que, por lo demás, tampoco pintará mucho sin los catalanes. Ahora vienen los palos. Y vienen cubriendo la línea del cielo, como los apaches a asediar el fuerte catalán. Hay cientos de procedimiento judiciales abiertos en distintas instancias locales en toda Cataluña, por los más diversos motivos, una bandera u otra, un retrato, unas declaraciones, una ordenanza municipal, etc. Todo es susceptible de convertirse en un acto de desobediencia punible. En Cataluña el PP tiene un solo ayuntamiento por lo que es de esperar el ejemplo de los otros se extienda y multiplique. ¿Cree el gobierno que tiene la administración de justicia en situación de hacer frente a eso?

Los tiempos se aceleran. La maquinaria represiva del Estado, es segura, intimidatoria, pero muy lenta. Antes de resolver los mencionados cientos de causas pendientes, ya se le echan encima varios cientos más si, como propone Ómnium Cultural, los ayuntamientos abren el próximo sacrosanto día 6 de diciembre y atienden a la gente. Algo que podría justificarse con la famosa “libertad de horarios” de los neoliberales. Los juzgados, inundados de nuevo.

Y mañana puede ser otra decisión de desobediencia en cualquier otro ámbito o con otra resonancia, pero seguida por una sociedad muy movilizada. Es la iniciativa política. El que la ejerce determina el día, la hora, el sitio, la forma de la confrontación y lleva las de ganar. El adversario que solo está a la defensiva, a base de represión, lleva las de perder.

Esa permanente confrontación del independentismo catalán con el nacionalismo español, además de dar seguridad sobre el curso de la hoja de ruta, contribuye a mantener la hegemonía del independentismo, la que ya hay en el Parlamento, también en la calle. Eso mantendrá a raya las aventuras del bloque En Comú Podem, obligándolo a tomar partido por una de las dos partes del conflicto sin configurarse él como tercera.

Los ataques del nacionalismo español van orientados contra JxS y la CUP. La otra izquierda, oposición en Cataluña y también en Madrid, no cuenta en ninguno de los dos sitios. En Cataluña, el protagonismo y la solidez del independentismo no deja lugar lógico alguno a un soberanismo no independentista y que, por no contagiarse, tampoco parece ser republicano.

La incapacidad para el diálogo del nacionalismo español se ve en la decisión de encomendar los tratos con Cataluña a la vicepresidenta del gobierno que nombrará de inmediato un gabinete de expertos y asesores y agentes del CNI. Entienden así la política, en cónclaves y secreteos. Sin embargo, está claro que tratándose de un problema de choque de legitimidades los foros más adecuados son los respectivos parlamentos.