dilluns, 29 de juny del 2009

El derecho de injerencia en Honduras.

El Congreso de Honduras ha nombrado por unanimidad presidente interino de la República al señor Roberto Micheletti, aceptando al mismo tiempo una supuesta carta de renuncia del mandatario legítimo, señor Zelaya. A su vez la Corte Suprema respaldó y hasta ordenó la acción del ejército de detener al dicho presidente legítimo bajo la acusación de intentar un referéndum ilegal. Todo ello da idea del complicado y confuso conflicto institucional que se produjo la semana pasada en el país centroamericano. Clarificadas las cosas con una intervención militar fuera de toda proporción y manifiestamente ilegítima, que se configura como un clásico golpe de Estado en contra de la democracia, sólo queda exigir el retorno al país del presidente Zelaya, su restablecimiento en el cargo y el correspondiente castigo de los culpables de haber alterado el funcionamiento de las instituciones democráticas.

Esa debe ser tarea de la comunidad internacional a través de sus organizaciones representativas, ALBA, la OEA y, en último término la ONU, quienes deben exigir el restablecimiento de la normalidad institucional en Honduras en función de un derecho de injerencia que aquella posee ante atropellos tan evidentes a la legalidad democrática. Dicho derecho de injerencia debe materializarse en primer lugar por la vía diplomática. Si no se obtienen resultados satisfactorios de inmediato, convendrá pasar a la aplicación de sanciones y si tampoco éstas fueran eficaces en un plazo razonable, no habrá otro remedio que contemplar la opción de la intervención militar.

Es cierto que este derecho de injerencia, planteado en esta forma de escalada, plantea el sempiterno problema de si se aplicaría frente a países más poderosos que esta pequeña república de siete millones de habitantes y de si la comunidad internacional no estará empleando dos varas de medir. Teniendo este reparo en cuenta, que hace patente la necesidad de poner en marcha algún mecanismo internacional de alcance universal para los casos de ruptura del Estado de derecho, preciso será convertir en realidad en algún momento la convicción general de que hay que erradicar de una vez para siempre el fantasma de las asonadas militares en América Latina, sea cual sea el pretexto que invoquen.

(La imagen es una foto de Presidencia de la República del Ecuador, bajo licencia de Creative Commons).