Es de suponer que el señor Rodríguez Zapatero consiga la investidura por mayoría absoluta en primera votación. No hay razón para que los grupos minoritarios de la cámara le nieguen su concurso. Otra cosa será el PP. La idea que tuvo el señor Rajoy cuando aún decía que podía ganar las elecciones, de que el PSOE se abstuviera en su hipotética investidura pesará cuando quien comparece a ser investido es el señor Rodríguez Zapatero. Una prueba más de que en la vida el hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. La esperanza formulada por el presidente del PP era una especie de baladronada que ahora se vuelve en su contra innecesariamente. En un sistema parlamentario es cosa normal que la oposición vote en contra y no es desdoro del candidato que así suceda. ¿Para qué, pues,pedir la abstención? La única explicación que se me ocurre es que el señor Rajoy desconfiara de obtener los apoyos necesarios para conseguir la investidura por mayoría absoluta en primera vuelta y creyera que tendría que ir a la segunda en la que la Constitución reclama mayoría simple para la investidura (art. 97, 3 CE). De ser cierta esta explicación es muy reveladora del espíritu auténtico con el que el señor Rajoy se presentaba a las elecciones. Aunque dijo muchas veces en la campaña electoral que estaba convencido de que iba a ganar, no estaba convencido de nada.
A la investidura el candidato tiene que presentar el programa político del Gobierno que pretenda formar que obviamente habrá de arrancar del programa electoral de su partido. A estos efectos y con independencia de que a algunos nos guste más o menos, es claro que el hoy presidente en funciones hizo bien en moderar dicho programa (silencio sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado, sobre la ampliación de los supuestos del aborto y la regulación de la eutanasia) porque en principio tendrá que contar con los votos de los partidos nacionalistas, CiU y PNV, burgueses y demócrata-cristianos, cuando menos en el caso del PNV y de Unió Democrática de Catalunya, uno de los socios de CiU.
Conseguida la investidura, el Gobierno tiene tres grandes cuestiones a las que hacer frente y en atención a las cuales se le medirá en sus primeros cien días, si se respeta esta regla no escrita del funcionamiento parlamentario, cosa que no sucedió en la legislatura anterior. Dichas tres cuestiones, de muy diferente envergadura, son: a) la cuestión del País Vasco; b) la amenaza de la recesión económica; y c) la inmigración.
En cuanto a la cuestión del País Vasco, el problema no lo plantea ETA, sino el PNV. ETA cometió en la legislatura anterior el que quizá haya sido su error más grave al decretar una tregua unilateral y romperla luego también unilateralmente. Esta decisión le ha enajenado muchos apoyos y simpatías, incluso entre la izquierda vasca y española, lo que ha permitido al Gobierno aislarla más socialmente e incluso encarcelar a los dirigentes de Batasuna sin que suceda nada en el País Vasco, como era de esperar.
Más complicada es la cuestión que plantea el PNV o, cuando menos el Gobierno autonómico, de celebrar un referéndum sobre el "derecho" a decidir de los vascos. Dicho referéndum es ilegal y el Gobierno central tendrá que impedirlo de un modo u otro si quiere seguir siendo gobierno. Además de ilegal en este blog se ha argumentado ya en alguna ocasión que el referéndum es inmoral por cuanto el Gobierno vasco pretende una consulta popular sobre un asunto en litigio con una banda armada sin que ésta haya cesado en sus actividades de terrorismo, condicionando en consecuencia los resultados electorales. Parece claro que la situación sólo podrá salvarse sobre la base de que el PNV aplace sine die o incluso cancele por entero la prometida consulta que, a tenor de los resultados electorales del nueve de marzo, no goza de gran apoyo entre la población. Que la solución consista en una reforma del vigente Estatuto de autonomía o alguna otra fórmula es aquí indiferente. No lo será, sin embargo, que la pérdida de negra honrilla del Lehendakari Ibarretxe quizá lo obligue a disolver el Parlamento de Vitoria y convocar elecciones anticipadas.
El segundo gran tema pendiente es el de la amenaza de crisis económica, cuyas manifestaciones más evidentes habrán de ser el aumento de la inflación y el del paro y cuyo condicionante realmente grave es el enorme déficit por cuenta corriente. Está claro que el Gobierno, que cuenta con la experiencia del señor Solbes, tendrá que recurrir al superávit del dos por ciento del PIB. Ahora bien, que lo haga aplicando políticas keynesianas de gasto público o no será una decisión que permitirá calibrar hasta qué punto el gobierno del señor Zapatero se mantiene en un rumbo de izquierda o se echa algo más al centro.
Por último, el muy sensible asunto de inmigración cederá algo respecto a los nuevos ingresos en razón de la posible crisis económica, pero dejará abierta la cuestión de qué hacer con la que ya está en el país. El intento de la oposición en las pasadas elecciones de convertir la inmigración en un asunto de confrontación política, jugando con sentimientos xenófobos y amenazando con crear una situación de enfrentamiento entre comunidades que pudiera tener consecuencias desagradables en el futuro, debe poner sobre aviso al nuevo gobierno de la necesidad de hacer algo rápidamente. A este respecto se me ocurre la conveniencia de reconocer el derecho de sufragio a los extranjeros residentes en España dado que es el procedimiento más eficaz no sólo de protegerlos sino de darles la oportunidad de protegerse a sí mismos en condiciones más cercanas a la igualdad con los nacionales españoles.
Que todo ello se haga en un clima de oposición política de juego limpio, de crítica y respeto entre adversarios, como parece querer el PSOE o de confrontación y agresividad, como está en la tradición de la legislatura anterior para el PP depende en exclusiva de éste. Que los dioses lo iluminen en su elección.
