Por supuesto que puede. Siempre que la legalidad sea ilegítima, la ilegitimidad será legal. En el extremo, es el punto de vista del positivismo jurídico: no hay más cera que la que arde y no hay más legitimidad que la legalidad, de forma que hablar de legitimidad al margen de lo legal es hablar por hablar. ¿Y para quienes no seamos positivistas? Está claro: la legalidad basa su fuerza en la legitimidad. Hay, sin duda, legalidad ilegítima cuando aquella descansa en la violencia, el terror, el crimen, como fue el caso del franquismo. Cuando sobreviene una legalidad que quiere ser legítima, como la actual, no es posible admitir una legalidad ilegítima, que es lo que está intentando hacer el Gobierno con esa trampa de declarar "ilegítimos" los juicios del franquismo, pero no nulos de pleno derecho.
La transición se basó precisamente en un quiebro de ruptura de legitimidad mediante una trampa ante la que todos hicimos la vista gorda pues, con las "leyes constitucionales" (la legalidad) franquista en la mano, la Ley para la Reforma Política, que abrió el camino al restablecimiento de la democracia no hubiera podido prosperar. Era claro que para romper la ilegitimidad de la dictadura había que quebrantar su legalidad.
Y ahora que se trata de terminar la obra entonces comenzada declarando nulos los actos de la Dictadura, los gobernantes socialistas se echan para atrás afirmando que tal cosa rompería el principio de seguridad jurídica y sembraría durante años el caos en la administración de justicia. Pura pacatería y miedo pues el caos lo sembró quien se alzó en armas contra el gobierno legítimo, emprendió una guerra civil de tres años que dejó al país destruido y estableció luego una dictadura criminal que atropelló los derechos fundamentales del pueblo y lo sometió a un régimen de terror hasta el último día de la vida del dictador. Casi cuarenta años de inseguridad jurídica y caos.
Me temo que, con la tendencia de este Gobierno al oportunismo y al pasteleo, acabe sacando una Ley de la memoria histórica alicorta, timorata y, en definitiva, injusta. Y todo porque los beneficiarios y herederos de aquel régimen indigno siguen teniendo gran capacidad de presión y chantaje y continúan sin aceptar una solución justa a aquella barbarie que sus mentores y dirigentes desencadenaron sobre España.
Si esto ha de ser así creo que sería mejor que el Gobierno retirara el anteproyecto, esperara al resultado de las elecciones y, de ser éste favorable, volviera a presentar al nuevo Parlamento un proyecto que haga justicia de verdad a los miles de perseguidos, secuestrados, torturados y asesinados durante la guerra civil y los largos años de la dictadura. Eso será mejor que una norma ambigua, que no reponga a las víctimas en la plenitud de sus derechos.(La imagen es el cuadro de Goya, La verdad, la historia y el tiempo. Alegoría de la Constitución de 1812).
