Muy bien por el editorial de El País de ayer, titulado Sorber y soplar en el que se critica el ventajismo y la irresponsabilidad del PP al mantener bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y poner en un brete al Tribunal Constitucional, recurriendo su mecanismo de renovación, pero exigiendo, al tiempo, que no demore su pronunciamiento sobre el Estatuto de Cataluña. El periódico concluye que ese partido antepone sus intereses a los generales. Es obvio. Y no solamente en esto sino prácticamente en todo cuanto toca, desde la composición de los gobiernos locales a las propuestas de reforma de la ley electoral, pasando por la lucha contra el terrorismo. El horizonte del principal partido de la oposición no consiste más que en aprovechar las vicisitudes políticas del tipo que sean para retorcerlas de forma que le den frutos electorales.
Pero en el caso de los jueces hay bastante más. Hay un propósito deliberado de valerse de la magistratura -que tiene un sesgo claramente conservador en su mayoría- para imponer sus posiciones. Es la costumbre de la derecha, valerse de las instituciones del Estado, que deben estar al margen de las controversias políticas, para ponerlas al servicio de sus fines partidistas. Antaño lo hacía con el Ejército. Hoy eso ya no es posible, pero intenta valerse de la judicatura en la que sabe que dispone de un verdadero baluarte. Basta recordar la sentencia, recientemente casada por el Tribunal Supremo, que condenaba contra todo derecho y justicia a unos policías por "detención ilegal" para caer en la cuenta de que no es un hecho aislado, sino el resultado de una política concertada entre el PP y los sectores más integristas de la magistratura. De ahí que su empeño sea una permanente "judicialización de la política". La transición fue benevolente en exceso con los servidores de la dictadura, sobre todo policías, carceleros y jueces. Todos los jueces que actuaron bajo el franquismo y dictaron las sentencias del Tribunal de Orden Público (por no hablar de otros "tribunales"), del que formaban parte a petición propia y, en consecuencia, deshonraron su condición de jueces, siguieron en sus puestos. En España no ha habido una depuración de los órganos represivos de la dictadura y esta connivencia entre el partido de la derecha y los jueces reaccionarios es la penosa consecuencia de aquella ingenua magnanimidad.
(En la imagen, James Ensor, "Los jueces prudentes")
